Junto a la ponente del texto, la parlamentaria danesa Margrete Auken (Los Verdes), y el resto de eurodiputados participarán en la reunión representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de la Comunitat Valenciana, Emilia Caballero, y responsables de la Comisión Europea (CE).
El texto provisional propuesto por Auken aún puede ser objeto de enmiendas. El documento critica con dureza la gestión urbanística en España, principalmente en la Comunitat Valenciana y en las islas. El estudio carga además contra la actuación de numerosas autoridades locales y regionales.
La ponente pide al Gobierno español y a las comunidades autónomas afectadas que lleven a cabo una "profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos".
Auken también insta a las autoridades regionales a declarar una "moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios de sostenibilidad medioambiental".
La eurodiputada expresa su "preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas".
Para la representante del Parlamento Europeo, los jueces "han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras. Sin embargo, los procedimientos judiciales siguen siendo de "una lentitud desmedida" y las sentencias dictadas en muchos de estos casos "no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
Como ya publicó en diciembre LAS PROVINCIAS, el informe recuerda que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos para hacer que los países pongan fin a vulneraciones de las normas comunitarias.
Éste será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.
Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunitat Valenciana, y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos. Iniciativa del Poble Valencià (y Los Verdes Esquerra Ecologista mostraron ayer su apoyo al informe europeo.
El portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, también intervendrá hoy en el Parlamento Europeo. Expondrá las denuncias de los afectados por la forma de aplicar la ley del Gobierno, que ha llevado al derribo de numerosos edificios en primera línea de costa. Los afectados denuncian al Gobierno por una posible aplicación abusiva de la norma y critican que no se respete su carácter no retroactivo.
