Andalucía: Señor Juez deme una vivienda por Decreto!

El proyecto hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano.Con ello, "se intensifican los requisitos de calidad" tanto en la vivienda de renta libre como en la protegida, ha destacado el consejero. Además, se establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia. De acuerdo con los objetivos planteados, las administraciones públicas estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o bien en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma; no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

El registro, una de las principales novedades de la ley, se convertirá en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio. En este aspecto radica, en palabras de Juan Espadas, uno de los principales "saltos cualitativos" de la nueva norma, dado que el registro permitirá adaptar la oferta de vivienda a la demanda real que tenga el municipio.

Como vías efectivas para promover y garantizar el derecho constitucional y estatutario, la norma establece la elaboración de planes municipales y autonómicos de vivienda. En estos documentos, los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el Registro Público Municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley.

Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, en los que se especificarán las modalidades de ayuda económica y las medidas más adecuadas para favorecer el ejercicio de este derecho, como arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler.  Una vez que el Parlamento autonómico apruebe el texto definitivo, los andaluces que reúnan los requisitos establecidos podrán demandar a las Administraciones cuando no existan o no estén adecuadamente elaborados los planes, o bien cuando el planeamiento urbanístico no recoja las disposiciones necesarias para la construcción de las viviendas requeridas.

Financiación

La futura ley tendrá completamente garantizada su financiación por cuanto la Junta de Andalucía, a través de los planes de vivienda, consignará en sus presupuestos las cantidades necesarias para ello, incluyendo la gestión de las ayudas estatales. El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros. De igual manera, la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda. El proyecto de ley aprobado por el Consejo ha sido elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con un elevado nivel de consenso entre los principales agentes sociales y económicos de la comunidad. En los últimos meses ha recibido los dictámenes positivos del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo, además del informe favorable del Consejo de Concertación Local, donde están representados los Ayuntamientos andaluces. Asimismo, Espadas ha anunciado que, en el marco de la colaboración con los agentes sociales y económicos, la intención de su departamento es garantizar la adquisición de viviendas protegidas con problemas de financiación, para adjudicarlas posteriormente en alquiler con opción a compra a los solicitantes que no hayan obtenido crédito.

Esta medida, que se llevaría a cabo a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), permitirá identificar las promociones de VPO viables, pero con dificultades para acceder al crédito, y garantizar a las entidades financieras la adquisición de un porcentaje de la promoción en caso de que no se pudiera vender, para ofrecer a los adjudicatarios la posibilidad de alquilar con opción a compra. Otro objetivo de estas actuaciones pasa por las ayudas para facililtar la compra de VPO y aliviar el 'stock' de viviendas disponibles en el mercado.