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Oct
4

La Junta podrá expropiar temporalmente viviendas para evitar su desahucio

Autor: Admin. IusLegis | | 1.115 Lecturas | Comentar!

NOTA: El Tribunal Constitucional suspendió, desde el jueves 16 de enero de 2014, de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Más información»

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 9 de abril de 2013 el decreto sobre la función social de la vivienda, concebido Intento de evitar el drama de los deshaucioscomo un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

Nota: Posteriormente aprobó la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda por la que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013; y ha procedido a su suspensión cautelar. Más información»

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU-CA), el decreto, que se aplicará "sin dilación" tras su aprobación con carácter de urgencia y se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas.

Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas con el objetivo de "arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca", ha subrayado Cortés, que ha destacado que la Junta lanza con esta regulación el mensaje de "hasta aquí hemos llegado" ante una situación que ha alcanzado "45 desahucios al día en Andalucía".

La titular del ramo, que ha asegurado que esta normativa supone "un cambio profundo, radical y estructural" en defensa de la vivienda "como derecho humano", ha insistido en que este decreto se aprueba en un contexto de "absoluta emergencia social y económica para frenar de forma inmediata una sangría social". En su opinión, las viviendas vacías suponen "el mayor exponente" del incumplimiento de su función social.

Tras insistir en que no teme ningún recurso por parte del Gobierno de la Nación a dicha normativa, "que tiene garantía jurídica plena como la luna llena", la consejera ha reconocido "dificultades" en el seno del Consejo de Gobierno durante su elaboración. Y es que, según ha explicado, "los cambios profundos siempre generan dificultades". "Hay decretos más sencillos de acordar que éste, pero el resultado es potente y contundente, y el que esperaba esta consejera", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas, Cortés ha explicado que ha mantenido una reunión con el presidente de Unicaja, Braulio Medel, para abordar la situación generada por el incremento de los desahucios y las posibles actuaciones de la Junta en esta materia, pero no ha contactado con representantes de Caixabank sobre el alcance de este decreto, cuyo contenido tampoco ha consultado con los agentes sociales.

Refuerzo de las ayudas al alquiler

Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

intentan evitar el drama social de los deshauciosDe forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, Cortés ha explicado que pretende garantizar el derecho a la vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria. Según estimaciones iniciales de la consejera, 119 familias ya han contactado con la Junta para interesarse por esta medida.

El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

Requisitos para la expropiación temporal

Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

Preguntada sobre qué pasará una vez que finalice el plazo de tres años de expropiación, Cortés ha respondido que espera que en ese momento haya un Gobierno de la Nación "capaz de paralizar los desahucios" y que permita el derecho humano a la vivienda. En el caso de que ello no ocurra, la consejera no ha descartado que el plazo de expropiación pudiera llegar a ampliarse.

En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 Euros.


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