La Ley del Suelo que podría invadir las competencias de las CCAA

El Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto de Ley del Suelo en primera lectura. Tras este primer paso, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, inició el proceso de consulta con las administraciones públicas e instituciones representantes del sector. Así, en las últimas semanas, la titular de Vivienda se ha reunido con empresas promotoras, gestoras de cooperativas públicas y privadas, organizaciones sindicales, colegios profesionales y organizaciones ecologistas para recabar su apoyo al texto.

Durante la fase de consultas, el Consejo Económico y Social (CES) emitió su dictamen sobre la futura legislación de suelo, con el voto a favor de la patronal y los sindicatos. En esta línea también se pronunciaron este pasado jueves los representantes de IU-ICV, ERC y PSOE, que firmaron una declaración institucional de apoyo al proyecto de Ley del Suelo, en la que se comprometen a apoyar la ley en su trámite en el Congreso. De esta manera, la aprobación de la ley en la Cámara Baja está prácticamente garantizada, dado que la ministra de Vivienda también cuenta con el compromiso de apoyo de Coalición Canaria (CC) e intenta conseguir el respaldo de más grupos parlamentarios.

A pesar de este "amplio respaldo" parlamentario a la ley, María Antonia Trujillo contará con la oposición del PP, que ya ha adelantado que presentará una enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Suelo y aseguró que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el texto fuera aprobado con el contenido actual. Según el PP, el proyecto de Ley es "intervencionista" y contiene 15 artículos inconstitucionales que atentan contra el derecho de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de urbanismo.

En cualquier caso, la titular de Vivienda, entiende que la futura Ley del Suelo no es intervencionista y que es respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas, que expusieron ayer a la ministra su opinión sobre el proyecto y que, en su mayoría, se pronunciaron a favor de la nueva Ley del Suelo, según Trujillo. En concreto, el proyecto de Ley del Suelo establece medidas contra la retención especulativa de suelos y criterios básicos para un desarrollo territorial y urbano sostenible.

 

La ley pretende reforzar la transparencia y respetar el medio ambiente

La ley, que por encima de todo pretende reforzar la transparencia y garantizar el mayor respeto al medio ambiente, establece por primera vez un estatuto de los ciudadanos que recoge sus derechos y deberes en relación al suelo y la vivienda. En este sentido, fija que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y la ordenación de las ciudades.

Para ello, el Ministerio de Vivienda pretende que se sometan a información pública los planes y convenios urbanísticos, y que se elabore un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tome cualquier decisión. Además, la futura Ley del Suelo quiere asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida. Así, la Ley del Suelo establece en el 25 por ciento el porcentaje mínimo de reserva de suelo de los desarrollos urbanísticos para vivienda protegida.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo al desincentivar las prácticas de reclasificación y retención especulativa. De esta forma, la Ley del Suelo establece una nueva horquilla del 5 al 15 por ciento de cesión de aprovechamiento urbanístico, que es el porcentaje de terrenos urbanos consolidados que están obligados a entregar los promotores a los consistorios.

La nueva Ley impulsa una mejor regulación de los patrimonios públicos de suelo, de modo que se asegurará que los terrenos que obtengan por esta vía sean destinados a determinados fines de interés social, prioritariamente a la construcción de vivienda protegida. Pero el gran pilar de esta ley, y quizá el más polémico, es el nuevo régimen de valoración de suelo, que establece criterios objetivos para tasar los terrenos sujetos a expropiación, de forma que en ningún caso se tendrá en cuenta las expectativas futuras. No obstante, garantizará a los propietarios una indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, y valorará la iniciativa empresarial en el sector.