Los ministros de Vivienda de la Unión Europea han acordado dar un impulso a las políticas de renovación y rehabilitación de parque de viviendas existente para lograr la recuperación económica, generar empleo y caminar hacia un nuevo modelo de crecimiento.

DELITO SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Construcción de una vivienda unifamiliar en terreno rústico protegido. Subtipo agravado por construcción no autorizada en zona de especial protección paisajística. Autoría directa del promotor de la obra, alcalde la localidad. Cualidad de «promotor» en el ámbito del artículo 319 CP. Antijuricidad del hecho. Se justifica la actuación del Derecho Penal como «Ultima ratio» ante la inoperancia de la disciplina administrativa. Agravante de prevalencia. Aprovechamiento doloso del acusado de su condición de alcalde para ejecutar el delito con mayor facilidad. Cooperación necesaria del Jefe del Área del Ayuntamiento que informó favorablemente a la concesión de la licencia para almacén agrícola pese a saber que la finca proyectada no iba a ser destinada a agrario, y del Celador de Urbanismo, que elaboró a sabiendas de su ilegalidad, un informe no ajustado a la realidad. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA. No se vulnera el principio de «non bis in idem» por aplicar el artículo 320 con el 319.1 CP, pues el bien tutelado no es solo la ordenación del territorio, sino también la administración pública, como en toda prevaricación administrativa. Inducción al delito del Alcalde, promotor de la construcción. Autoría directa del Jefe de Urbanismo, unido en relación de amistad con el Alcalde condenado, y del Letrado asesor de la entidad local, quien informó favorablemente al proyecto, aunque no se había solicitado el preceptivo informe de la Consellería de Agricultura, reflejando en el texto que no resultaba necesario el acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo. Demolición de la obra ilegalmente construida. PENALIDAD. Se consideran correctas las penas impuestas en la instancia. Las características del hecho y de sus consecuencias revelan lo ajustado de la extensión con que las penas han sido fijadas: un continuado e insistente desprecio por la legalidad.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la AP Illes Balears que condenó al Alcalde de la localidad de Andratx y otros cargos municipales por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, confirmando la sentencia condenatoria dictada en la instancia que incluye la orden de demolición de la vivienda unifamiliar construida ilegalmente.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. Concurso de proyectos con intervención de jurado convocado por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de proyecto de diseño urbanístico y arquitectónico. Nulidad de varias de las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y de las cláusulas administrativas particulares. Infracción de la garantía de anonimato al exigirse la identificación de las propuestas técnicas de los licitadores, lo que permitió al jurado conocer en todo momento quienes eran los autores. Falta de cualificación profesional específica de la Mesa del Jurado, en cuanto que no se preveía que al menos uno de los 3 miembros que lo integran fuesen arquitectos o ingenieros de caminos provistos de los conocimientos necesarios para la adecuada valoración de las propuestas. Fijación de criterios de valoración de las ofertas no concretado ni objetivizado, que otorgan al jurado seleccionador facultades que exceden de su competencia. Nulidad de los actos administrativos de contratación dictados con posterioridad en aplicación directa de las cláusulas declaradas nulas.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El TSJ Madrid estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, anulando varias de las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares de la convocatoria de adjudicación de proyectos de diseño urbanístico y arquitectónico de La Remonta, en Santander, así como los actos posteriores de contratación en aplicación de las cláusulas anuladas.

Concejal de Urbanismo que dejó prescribir un procedimiento sancionador -por apertura de establecimiento sin licencia- en el que actuaba como instructor, al no dictar resolución de propuesta de sanción o archivo en plazo. Absolución. Falta de concurrencia de los elementos del tipo. Resolución «injusta» y dictado de una resolución «a sabiendas». Ausencia de dolo, que se evidencia por la intervención meramente formal que el acusado tuvo en el expediente, limitándose a dar por buenos los trámites que realizó el Secretario Municipal. Falta de constancia de la notificación al acusado del informe de la Secretaria por el cual se le indicaba que debía resolverse perentoriamente al haber trascurrido más de cinco meses. Exclusión de su comisión por imprudencia o a título de dolo eventual.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Supuesto de inactividad. Condena al Ayuntamiento a indemnizar los daños y perjuicios causados a los residentes en dicha vivienda, así como a adoptar las medidas necesarias a fin de que la actividad desarrollada en el establecimiento comercial no produzca inmisiones de ruidos superiores a la permitidas. La actividad administrativa no es suficiente con el hecho de requerir la adopción, de forma ambigua e indeterminada, de «medidas correctoras», ni imponiendo dos sanciones económicas insignificantes para una empresa de gran volumen. Después de 5 años, persistiendo exactamente igual que desde el primer día el problema existente, las medidas a adoptar por la Administración eran más numerosas y, sobre todo, de mayor impacto, como puede ser el apercibimiento de clausura de la actividad, o la propia clausura.