Narbona limita la salida de suelo por criterios ambientales

El Gobierno enviará a las Cortes un nuevo proyecto de ley que limita la capacidad de los municipios para aprobar planes urbanísticos que afecten al entorno medioambiental del territorio en el que se desarrollen. Después de las enmiendas introducidas en la Ley del Suelo para poner a las concejalías de urbanismo bajo la vigilancia de su comunidad autónoma correspondiente, así como del Estado, el Ejecutivo interviene en la ordenación del territorio limitando la puesta de suelo urbanizable en el mercado.

La herramienta legislativa es la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, una de las apuesta normativas del Ministerio de Medioambiente. El método escogido en esta ocasión para controlar la actividad urbanística municipal será el de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: instrumentos autonómicos creados para la delimitación de los espacios naturales a proteger.

Los gobiernos regionales tendrán la facultad de decidir los espacios que tendrán protección especial –siempre que las zonas afectadas no estén incluidas en listados oficiales, como, por ejemplo, las que pertenecen a la Red Natura 2000–. Eso sí, las directrices de actuación las marcará el Estado.

Estos planes serán “obligatorios y ejecutivos”, afirma el anteproyecto de ley, constituyendo sus disposiciones “un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o de planificación o programación sectorial”. Pero la facultad para diseñar estos planes no será exclusivamente autonómica, ya que el Gobierno se reserva el derecho a “marcar las directrices” de los mismos.

La reforma legislativa no sólo afectará, por tanto, a la Administración Local y Autonómica, sino que determinará también las decisiones de inversión del sector inmobiliario. En España, sólo el 2,1% del suelo es artificial, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad para el Ministerio de Fomento, lo que incluye aquellos terrenos destinados a infraestructuras, industrias y viviendas. De este porcentaje, cerca de la mitad es suelo urbano vacante (que será destinado al segmento residencial e industrial pero que en la actualidad no está transformado), lo que denota la escasez de solares que disponen de autorizaciones que permitan la edificación.

Por ello, los promotores y constructores tendrán más difícil aumentar la oferta en el mercado, lo que puede generar un efecto inflacionista en los solares, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Además, los expertos advierten de que la decisión del departamento ministerial que dirige Cristina Narbona de aumentar el poder regional en materia urbanística frente al municipal, aumenta la posibilidad de la discrecionalidad autonómica e introduce un nuevo paso administrativo en la determinación del éxito o fracaso de un determinado planeamiento urbanístico. Fuentes cercanas al ministerio apuntán, por el contrario, que la reforma pretende evitar abusos en la edificación que puedan afectar gravemente al medioambiente.

La nueva norma deroga la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 1989, así como a sus sucesivas modificaciones. El anteproyecto establece que las actividades encaminadas a la consecución de los fines que persigue “podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados”.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos, el Ejecutivo creará el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con el objeto de “potenciar la participación pública”. Se trata, así, de una ley que pone énfasis en las herramientas intervencionistas frente al mercado”, a juicio de los despachos de abogados sondeados.

Pero este aumento del papel del Estado en la actividad regional y municipal puede tener consecuencias legales, ya que el Tribunal Constitucional (TC) dejó claro en 1997 que “la competencia exclusiva en materia urbanística corresponde a las comunidades autónomas”. Por lo tanto, y como ocurre con la Ley del Suelo y con los Planes de Vivienda, será necesaria la colaboración de las regiones para lograr los objetivos que persigue la ley.

Fuente: Expansión