La ley del suelo contra el urbanismo descontrolado
Autor: Francisco de las Heras | | 2.293 Lecturas
La Ministra de Vivienda María Antonia Trujillo ha intervenido en la UIMP recordando las novedades que aporta la Ley de Suelo (que entrará en vigor el próximo 1 de julio) en relación a los nuevos criterios de valoración del suelo y las medidas de transparencia que van encaminadas a dificultar actuaciones corruptas, en un seminario sobre el "Urbanismo descontrolado" cenlebrado en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La Ministra ha concluido su intervención poniendo de manifiesto el compromiso del Gobierno por acabar con el urbanismo descontrolado: “Este tipo de urbanismo debe ser combatido por todos para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda digna y a un entorno medio ambiental y socialmente sostenible”.
La Ley de Suelo y el urbanismo español
Principales medidas
La ministra subrayó
La Ley plantea, por primera vez, la necesidad de un desarrollo sostenible garantizadora de la conciliación entre el desarrollo económico y la calidad medioambiental y la cohesión social.
La Ley fija unos principios básicos de sostenibilidad que deberán de ser tomados en cuenta, tanto por las legislaciones urbanísticas, como por los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico: accesibilidad universal, eficiencia energética, garantía de suministro de agua, prevención de riesgos, movilidad, prevención de la contaminación y limitación de sus efectos para la salud o el medio ambiente.
La Ley del Suelo establece también medidas directamente aplicables a los planes urbanísticos que elaboran, tramitan, aprueban y ejecutan los Ayuntamientos:
" la obligatoriedad de la evaluación ambiental de los planes
" la exigencia de recabar en la tramitación de los mismos determinados informes que tendrán carácter determinante para el contenido de la Memoria Ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.
" la exigencia de una Memoria de sostenibilidad económica que tenga en cuenta el impacto en las Haciendas Públicas y en el coste de mantenimiento de las infraestructuras.
" la necesidad de una revisión global del planeamiento cuando el impacto de una actuación de urbanización (o de varias sucesivas) supere el 20%.
La Ley garantizará la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda protegida, exigiendo no sólo la reserva de un mínimo del 30% de suelo en los nuevos desarrollos residenciales, sino también garantizando el destino de este suelo así reservado.
La Ley fomentará la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de transformación del suelo (la obligatoriedad de información pública en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, etc.).
La Ley dificultará actuaciones especulativas o corruptas, constituyendo un instrumento importante para la lucha que el Gobierno ha planteado contra la corrupción urbanística (nuevos criterios de valoración del suelo que contemplan la situación real de los terrenos...), obligatorieda de identificar a los propietarios (a lo largo de los últimos cinco años) de un suelo cuya recalificación comporte plusvalías importantes.
