Chacón tiene prisa: Desde hoy se entregan las ayudas al alquiler para jóvenes aunque estos no cumplan los requisitos.

Una de las pocas voces políticas que, a juicio de la autora de este escrito, había sido hasta el momento algo razonable, la portavoz de Vivienda, pasó ayer por encima de todas las directrices al anunciar en Salamanca que, a partir de hoy, es mandato del Ministerio que las entidades financieras faciliten los primeros 210 Euros a los solicitantes de las RBE, hayan sido revisados o no sus expedientes por las autonomías.

Hablando en plata: desde el 20 de febrero de 2008, cualquiera que haya solicitado la Renta Básica de Emancipación (RBE) podrá cobrarla, aunque la autonomía en que resida aún no haya dado el visto bueno a su petición, o incluso aunque no se cumplan los requisitos demandados por la Ley.

La celeridad con que se cumplen las decisiones en pre-campaña es tan sorprendente que, esta misma mañana, 122 bancos y cajas del país que colaboran con el Ministerio en la gestión de dicha ayuda, han sido destinatarias de una circular firmada por Juan Francisco Pozo, secretario general técnico de Vivienda.

En ella, el Ejecutivo insta a las entidades financieras a que faciliten la cantidad pactada a los que presenten su contrato de arrendamiento y número identificador (que algunas autonomías afirman que es tan sólo el número provisional que se otorga al realizar la solicitud), aunque aún no exista una resolución de sus respectivas Comunidades Autónomas que les reconozca este derecho.

Este movimiento táctico de la ministra ante la cercanía acuciante de las urnas, no sólo ha provocado múltiples quejas entre los responsables de bancos y cajas, sino que además contradice el artículo cuarto del Real Decreto 1472/2007, que regula la concesión de las ayudas.

El artículo impone que, tras la pertinente investigación de la autonomía a la que pertenece un solicitante, en la que se recaban datos de diversas administraciones para ver si se cumplen los requisitos, se informará acerca de la decisión al postulante y al Ministerio de Vivienda, y sólo entonces podrá este último ordenar a las entidades de crédito el pago.

En el departamento de Chacón afirman que la carta “no perjudica a nadie, sólo es el reflejo de una voluntad de beneficiar a los jóvenes en el proceso de los primeros pagos”.

Por otra parte, Juan Van-Halen, secretario general de Vivienda de la comunidad de Madrid y algunos portavoces de las entidades financieras aludidas, califican la medida de “vulneración de Ley”, “Barbaridad” y “Auténtico despropósito”.