Consecuencias de la reapertura de las minas de Alnázcollar (Sevilla)

En el BOE número 92 de 16 de abril, se ha publicado el Real Decreto-Ley 6/2014, de 11 abril que viene a regular el  otorgamiento de la explotación de los recursos mineros en la zona de Alnázcollar (Sevilla), concediendo la explotación de la misma, a quien resulte adjudicatario en un procedimiento de “concurrencia competitiva”

Como la propia exposición de motivos recoge, la Junta de Andalucía considera que “la actividad de la mina es una fuente de innovación de empleo y de riqueza muy necesaria en el momento actual” puesto que considera que existen reservas constadas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc además de oro y plata)”. Para Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, la reapertura de la misma supondrá la recuperación de una de las comarcas más deprimidas de Andalucía, con la creación de unos 1.500 puestos de trabajo

Salva  el propio Decreto, la controversia surgida en materia competencial de minas, reconociendo que la Constitución Española de 1978, atribuye al Estado en su artículo 149.1.13º y 25º respectivamente, la competencia exclusiva en relación con las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” y las “bases del régimen minero energético” .

Así mismo en el mismo, cita la adopción de medidas preventivas que minimicen y controlen los riesgos que la apertura de la mina, va a suponer para el entorno del Parque Natural de Doñana, sin entrar a valorar a que tipo de medidas está haciendo referencia.

Recordemos que el 25 de abril de 1998 el rio Guadiamar, sufrió una riada tóxica de 6 millones de metros cúbicos, mil veces mayor que la del «Prestige» según el CSIC, tras romperse la balsa de residuos de la mina. Para la recuperación del entorno, las administraciones desembolsaron más de 200 millones de euros en la regeneración del rio Guadiamar, desembolso que superó los 300 millones de euros si se suma el programa Doñana 2005, que restauraba las marismas de este espacio protegido y se ejecutaba de forma paralela a la regeneración del Guadiamar, el principal afluente del Parque Nacional de Doñana. La limpieza de las más de 4.600 hectáreas contaminadas por esta riada tóxica y la regeneración del Guadiamar para convertirlo en un corredor ecológico entre la Sierra Norte de Sevilla y las marismas del Guadalquivir no ha tenido precedentes en Europa y se considera la mayor restauración hidrológica realizada hasta la fecha.

Al hilo de la cuestión numerosos grupos ecologistas, han mostrado su preocupación por la rapidez con la que Junta ha desbloqueado el conflicto, sin analizar el fondo de las posibles consecuencias que la reapertura de la mina puede tener sobre el ecosistema de la zona. En palabras de Felipe Fuentelsaz, coordinador de Doñana de WWF, se pregunta  "si este es el modelo de desarrollo sostenible que quieren promocionar en el entorno de Doñana" y lamenta que sea "un paso atrás en cuestiones ambientales y de sostenibilidad". Actualmente La zona es catalogada como paisaje protegido del corredor verde del rio Guadiamar, por la Junta de Andalucía. En este mismo sentido Antonio Ramos, responsable de minas de Ecologistas en Acción, declara que "les asombra que se saque a concurso la posible explotación de la mina sin unas condiciones de trabajo y sin una base de explotación coherente."

Este es un claro ejemplo de la confrontación existente entre conservación del ecosistema, los recursos naturales, el patrimonio natural y paisajístico, frente a intereses de dudoso origen, puesto que ningún momento se ha demostrado que la reapertura de la mina vaya a suponer realmente la creación de un volumen importante de empleo, ni la recuperación de la comarca, que ya debería haber sido compensada, que la adopción de nuevas políticas.