El Parlamento de Andalucía aprueba la ley que garantiza el derecho a la vivienda

El 18 de febrero el Parlamento de Andalucía aprobó una ley que garantiza que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales el derecho que tienen reconocido en el Estatuto de Autonomía a una vivienda digna y de calidad. Cualquiera que cumpla los requisitos para pedir una Vivienda de Protección Oficial (VPO) podrá acudir a los tribunales en caso de que su Ayuntamiento no destine a este fin el suelo necesario para exigir que lo haga.

Cada Municipio deberá elaborar un registro público de demandantes de vivienda. Estar apuntado en él es lo que confiere el derecho a reclamar ante los tribunales. A partir de la entrada en vigor de la ley, ningún Ayuntamiento podrá adjudicar una vivienda a un vecino que no esté apuntado. A día de hoy, más de 700 municipios, que abarcan al 95% de toda la población, ya están elaborando los registros.

El ordenamiento urbanístico obligaba a reservar un 30% del suelo para las VPO, pero, en la práctica, nunca se desarrollaban. Nadie estaba dispuesto a invertir en ellos cuando los grandes beneficios estaban en la vivienda libre. ¿Cómo impide la nueva ley que suceda lo mismo cuando el sector inmobiliario remonte?

El primer plazo se cumple dentro de dos años, que es el tiempo que concede la norma a todos los Ayuntamientos para elaborar un plan de vivienda y suelo que establezca el número y tipo de viviendas necesarias para atender la demanda de sus vecinos, desde su tamaño hasta cuántas salen en régimen de compra o alquiler (con o sin opción de compra).

El segundo será el que establezca la propia planificación de cada Ayuntamiento , ya que cada plan no sólo deberá reservar suelo para VPO, sino que debe incluir plazos y fechas concretas para la construcción de las viviendas. Si se incumple, podrá acudirse al juez.