
Con la privatización el ciudadano tendrá que pagar por un servicio hasta ahora gratuito, puesto que, hasta hoy, los registros civiles se financian, vía impuestos, desde los Presupuestos Generales del Estado. Los costes de gestión y funcionamiento, en manos de los registradores mercantiles, lo tendrán que pagar los ciudadanos si el Gobierno lo decide, con esta medida se privatiza un servicio público, poniendo en las manos de una Corporación de Registradores Mercantiles millones de