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El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España,
Se publica la Orden de 5 de marzo de 2012 (BOJA nº 53 de 16 de marzo de 2012) por la que se someten a Información Pública las Normativas Directoras para la ordenación urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, establecen dos requisitos previos y
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 fue aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, y posteriormente modificado por el Decreto 266/2009, de 9 de junio, al objeto de adaptarlo al vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, regulado en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. Para el desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del citado Plan Concertado, por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se aprobó
La base imponible en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se encuentra constituida por el valor real de los bienes y derechos transmitidos, de acuerdo con lo dispuesto, respectivamente, por los artículos 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y 9 de la Ley 29/1987, de
En Madrid y Marbella, a dieciocho de mayo del año dos mil once.
De una parte: D. Ángel Manuel Álvarez Capón, Director General del Catastro, en virtud del Real Decreto 931/2008, de 30 de mayo (BOE nº 132, de 31 de mayo), en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 13 de mayo de 2008 (BOE nº 118, de 15 de mayo).
De otra parte: Dª Mª Ángeles Muñoz Uriol, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Marbella, en uso
De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas, así como el artículo 2 del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados, modificado por el Decreto 7/2008, de 15 de enero , la producción integrada es el sistema agrícola de producción que utiliza los mecanismos de regulación naturales, teniendo en
La Orden de 10 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la participación de agricultores y ganaderos en el sistema de calidad de producción ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, faculta en su artículo 10 a realizar la convocatoria pública anual de las subvenciones reguladas en la misma, mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica.
El Real Decreto 1614/2011 tiene por objeto el desarrollo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en particular en lo que se refiere al procedimiento para la obtención de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de las actividades de juego no reservadas en la citada Ley, las autorizaciones de las actividades objeto de reserva, las garantías del desarrollo de las actividades de juego y el funcionamiento de los registros creados en la ley.
Se incluyen en el
El último Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, sitúa a las administraciones del Archipiélago por debajo de la media nacionalen materia económico-financiera, ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. Por el contrario, Canarias aprueba en información sobre la Comunidad Autónoma, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, además de en contrataciones de servicios y suministros.
La Organización
Las comunidades de vecinos pueden compartir una red de telecomunicaciones a través de conexiones inalámbricas WiFi o PCL sin tener que registrarse como operadores, según la resolución aprobada en la última reunión del consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
De esta forma ha contestado la CMT a una cuestión planteada en marzo de 2009 por un particular que preguntaba si una comunidad podía dar ese servicio en régimen de contraprestación y sufragado por todos los vecinos
