|
|
Un Alcalde es condenado por vengarse de la promotora, de la que formaba parte un Concejal de la oposición, que compró unos solares antes que él, el Alcalde fue condenado por prevaricación a 9 años de pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público al quedar demostrado que hizo todo lo posible por retrasar y bloquear cualquier intento de ejecución de la obra y que las viviendas se terminaran en el peor momento posible para hacer el máximo daño posible, concretamente para evitar
La regulación de un instrumento urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregularidades urbanísticas, y comprobar el cumplimiento del deber de conservación que corresponde a los propietarios es competencia de las Comunidades Autónomas, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 21 Enero de 2016 en relación con las medidas y mecanismos de inspección de edificios que pueden dar lugar a la imposición de obras de conservación y reparación.
Cuestión
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia autoriza la redacción de Informes de Evaluación de Edificios por los Ingenieros Técnicos Industriales, frente a las tesis de la diferentes Administraciones públicas y el propio Ministerio de Fomento, no obstante, hasta esta fecha, las diferentes Administraciones tanto autonómicas como locales, estaban impidiendo la presentación de estos informes realizados por ingenieros, basándose en un informe de la Subdirección General de Urbanismo
El alcalde en funciones de Valladolid es condenado por un delito por no ejecutar una sentencia que le obligaba a demoler y restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla, donde casualmente tiene un piso en propiedad y donde residía, que estaba ejecutado en contra de las ordenación urbanística vigente, cometiéndose varias irregularidades en su ejecución.
El Alcalde, que lleva treinta años en la arena política, primero como consejero de Cultura y Servicios
Sigue el goteo de cuestiones de inconstitucionalidad contra el Texto Refundido de la Ley del Suelo
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6190-2014 planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el procedimiento ordinario núm. 669/2010, en relación con el art. 23,
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014
Todos esperábamos un poco de cordura en el asunto, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre de 2014, que resolvía los Recursos de inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Gobierno
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado al Ayuntamiento de Albox (Almería) a indemnizar, a cuatro familias de origen británico que en el año 2004 adquirieron viviendas unifamiliares construidas sobre suelo no urbanizable en la urbanización ‘Las Palmeras’. Lo considera responsable civil subsidiario por los daños morales causados a estas familias que han pasado "diez años de espera e incertidumbre sobre el destino de su casa y el consecuente sufrimiento” y que después de que
La sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo, ha producido un gran movimiento y presión social que han obligado a que el propio Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, realice una consulta ante la Secretaría de Estado de Hacienda para preguntar las medidas que se van a adoptar y cómo se va a proceder para conciliar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo con los actuales métodos y sistemas de valoración a los efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles.
La Defensora del
Cuestión de inconstitucionalidad 2965-2014 contra la Ley del Suelo por vulnerar el art. 33.3 de la CE al establecer un sistema de valoración para los suelos urbanizables y urbanos no consolidados donde el valor de los mismos se equipara al suelo rural.
Se añade una nueva cuestión de inconstitucionalidad la 2965-2014, admitida a trámite el 15 de julio, a la ya existente número 1591-2014 que se admitió en mayo de 2014 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Se impone una sanción por instalar una mobile-home en zona de dominio público marítimo (cerca de la playa) sin contar con la preceptiva autorización administrativa al entender que la misma no era necesaria, conducta que viene tipificada como infracción grave por el art. 91.2 g) de la Ley 22/88, de 28 de julio, donde se sanciona la utilización de la zona del dominio público marítimo terrestre y de sus zonas de servicios para los usos no permitidos.
El Tribunal Superior de Justicia de
