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El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado al Ayuntamiento de Albox (Almería) a indemnizar, a cuatro familias de origen británico que en el año 2004 adquirieron viviendas unifamiliares construidas sobre suelo no urbanizable en la urbanización ‘Las Palmeras’. Lo considera responsable civil subsidiario por los daños morales causados a estas familias que han pasado "diez años de espera e incertidumbre sobre el destino de su casa y el consecuente sufrimiento” y que después de que
La sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de mayo, ha producido un gran movimiento y presión social que han obligado a que el propio Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, realice una consulta ante la Secretaría de Estado de Hacienda para preguntar las medidas que se van a adoptar y cómo se va a proceder para conciliar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo con los actuales métodos y sistemas de valoración a los efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles.
La Defensora del
Cuestión de inconstitucionalidad 2965-2014 contra la Ley del Suelo por vulnerar el art. 33.3 de la CE al establecer un sistema de valoración para los suelos urbanizables y urbanos no consolidados donde el valor de los mismos se equipara al suelo rural.
Se añade una nueva cuestión de inconstitucionalidad la 2965-2014, admitida a trámite el 15 de julio, a la ya existente número 1591-2014 que se admitió en mayo de 2014 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Se impone una sanción por instalar una mobile-home en zona de dominio público marítimo (cerca de la playa) sin contar con la preceptiva autorización administrativa al entender que la misma no era necesaria, conducta que viene tipificada como infracción grave por el art. 91.2 g) de la Ley 22/88, de 28 de julio, donde se sanciona la utilización de la zona del dominio público marítimo terrestre y de sus zonas de servicios para los usos no permitidos.
El Tribunal Superior de Justicia de
La Ley del Suelo y su texto refundido podrían ser inconstitucionales (22.1.a) y 2 de la Ley 8/2007 y 23.1.a) y 2 del Texto Refundido) por establecer un sistema de valoración para los suelos urbanizables y urbanos no consolidados donde el valor de los mismos se equipara al suelo rural, lo cual atentaría de manera clara contra el art. 33.3 de la Constitución Española (Derecho a la Propiedad) que establece:
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7357-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma
El 24 de mayo de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Granada, aprobó la nueva Ordenanza de Edificación, en desarrollo del PGOU de 2011, con el fin de regular todas las obras de edificación y urbanización que se llevaran a cabo en la ciudad.
PSOE e IU por su parte, consideraron que con esta nueva ordenanza el equipo de gobierno actual, lo que pretendía es amparar legalmente numerosas obras y edificaciones que se encuentran en el punto de mira de la legalidad urbanística, concretamente de
La Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago ha condenado a dos arquitectos municipales a tres años de prisión y tres años y medio de inhabilitación especial, respectivamente, por falsear datos para favorecer a la empresa Montebalsa en el concurso para la rehabilitación del polideportivo Quiroga Palacios.
La sentencia considera probado que en el año 2009 ambos funcionarios --el arquitecto jefe de servicio de Obras del ayuntamiento y el arquitecto técnico--
La Audiencia Provincial de La Rioja ha desestimado el recurso de apelación presentado por un parking de Logroño contra una sentencia en la que condenaba a dicha empresa de aparcamientos a devolver el importe del cobro de un día entero por su uso a un cliente que perdió su ticket del parking y tuvo que pagar como penalización 22 euros -parte correspondiente a 24 horas de estacionamiento en dicho aparcamiento- por considerarla "abusiva".
Como la resolución anterior no era firme y contra la
En el 2006, Dª Isabel Ortiz, otorgó a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó
