El ICIO es un impuesto que le deben devolver cuando no se ejecuta la obra Le explicamos de forma breve cómo dejar de pagar impuestos cobrados de forma indebida y evitar el fraude tributario del ICIO. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras -ICIO- grava la realización de una obra, es decir, que si no se ejecuta real y materialmente la obra no debería pagar ese impuesto. El artículo 102.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. Esto implica que si yo hago una obra en mi Municipio debo pagar el impuesto (ICIO)...

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo andaluza, han acordado que el Gobierno central retire el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ejecutivo central contra la Junta de Andalucía, con motivo de la reapertura  de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), por considerar que la Junta invadía la competencia estatal en materia de minas. Para  Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, el conflicto de competencia no pudía suponer el obstaculo que impidiera la reapertura de la mina. La vuelta al funcionamiento de l...

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero y el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, que persigue como objeto, la protección de las personas y los bienes, y del medio ambiente, a través de la modificación de la normativa sobre inundaciones, establece en el artículo 9.2 que los márgenes de los terrenos que lindan con los cauces públicos (terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias) están sujetas en toda su extensión longitudinal:a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso públicob) A una zona de policía de cien met...

Tal como establece al ley deberá proceder a la inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título (compra, herencia, donación…), así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie, las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad siempre que la respectiva entidad haya solicitado previamente la constancia de sus miembros. ¡¡¡ATENCIÓN!!! Se exime de la obligación de declarar las transmisiones de dominio de bienes inmuebles, la adquisición o...

Con la entrada en vigor de la nueva Directiva Europea, se pretende paliar los daños que la actual crisis ha provocado en las reglas del juego del sistema financiero. Comportamientos irresponsables de los principales actores han provocado graves daños en la economía  mundial, a día de hoy,  difíciles de reparar. El panorama del sector prestatario es bastante desalentador, basado en  un aumento en los impagos frente a  ventas forzosas con precios de mercado muy inferiores a los vistos hasta ahora. La mayor parte referido a  bienes inmuebles de uso residencial. Otro de los problemas observados, era el hecho de que muchos créditos se suscribían en moneda extranjera por...

¿Cuándo surge el problema? El problema surge por la falta o deficiente prestación, por parte de un Ayuntamiento, del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable a un núcleo de población dentro su término municipal donde ejerce sus competencias. Más concretamente en los casos en que dicho núcleo de población está clasificado según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, como suelo urbano consolidado, donde, en la mayoría de los casos, se otorgan licencias de primera ocupación, para lo cual se requiere, en todo caso, que la parcela cuente con los servicios e infraestructuras básicos en la urbanización que necesariamente supone la completa ejecución de las obras de dichas obras de urbanizaci&oacut...

El régimen de penalidades en el ámbito de la contratación pública aparece regulado en el art. 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. En cuanto a su desarrollo reglamentario, han de tenerse en cuenta los siguientes preceptos del RD 1098/2001, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RGLCAP: - El art. 67.2.s) artículo.67.2.s Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas...

La orden de cierre de un Local y que acuerdan los Ayuntamientos encuentra su fundamento en los arts. 95 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC, que confieren a las Administraciones Públicas la potestad de proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de sus actos administrativos, pudiendo llevar a cabo su cumplimiento, entre otros medios, por ejecución subsidiaria, cuando éstos no fueran realizados por el obligado.  Por consiguiente, cuando se haya adoptado ya una resolución administrativa, para determinar un día distinto para el cierre al previamente ...

El régimen de aprovechamiento o utilización de los bienes demaniales se contiene en la actualidad en el Capítulo 1º del Título 4º título.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en adelante LPAP, constituyendo legislación básica el art. 84 artículo.84 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.en su totalidad y el art. 93 artículo.93 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.en sus cuatro primeros apartados. Específicamente el art. 93.1artículo.93.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pú...

Para la ubicación de las antenas de telefonía móvil en suelo de calificación rústica, encontramos un criterio orientativo en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 31 de enero de 2005 . Sentencia que declara que al tratarse de una autorización de uso excepcional en suelo rústico, compete a la Comisión Territorial de Urbanismo (de Castilla y León) el examen de la adecuación de la solicitud formulada a la normativa aplicable. En el caso de Andalucía debería instarse la autorización del organismo competente de la Junta de Andalucía (Comunidad a que pertenece el consultante); siguiéndose el procedimiento y requisitos previstos en los arts. 42 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (BOJA del 31), de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)...

El art. 25.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), atribuye a los Ayuntamientos lo relativo a los servicios de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos y el siguiente art. 26.1 incluye como servicios obligatorios en todos los municipios el de recogida de residuos y, para los superiores de 5.000 habitantes, además, el de su tratamiento, y finalmente el art. 86.3 declara en favor de los municipios el servicio esencial de recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, normativa que se concreta con las previsiones contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril (BOE del 22), de Residuos, especialmente, por lo que se refiere a las competencias municipales, en sus arts. 4.3 y 20 y los ref...

La única cuestión que se suscita en el presente expediente consiste en determinar si la contratación que tenga por objeto la redacción de planes generales de urbanismo ha de regirse por el artículo 109.4 del Texto Refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, o por el artículo 210 h) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con la importante consecuencia de que, en el primer supuesto, la utilización del procedimiento negociado o contratación directa procedería cualquiera que fuese la cuantía del contrato, mientras que en el segundo supuesto solo procedería para los contratos de presupuesto inferior a 5.000.000 de p...

El art. 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE del 3), Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), dispone que los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. La no sujeción a un determinado tributo supone que no se produce alguno o todos los elementos del hecho imponible. De acuerdo con esto, el legislador, de forma clara ha previsto esta no sujeción de este tipo de bienes a los tributos de cualquier naturaleza o Administración. No obstante, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR LRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE del 9)...

Legislación de aplicación El artículo 58 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece la obligación de forma muy precisa : 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro qu...

Es difícil determinar si la causa del siniestro y de los daños, debe atribuirse al hecho de haber tapado parcialmente una señal de dirección prohibida. En primer lugar, el que sufrió los daños debía acudir al municipio solicitando la correspondiente indemnización, a continuación del acaecimiento de los hechos, con el fin de que los agentes municipales pudieran constatar de una forma clara cómo se produjo la colisión y cuales fueron en definitiva, las diferentes causas que pudieran haber concurrido para causar el daño. En segundo lugar, quien reclame responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, deberá probar la existencia de unas determinadas circunstancias que justifiquen la responsabilidad municipal, por el mal funcionamiento del servicio de se&ntil...

La adquisición de bienes inmuebles por parte de las Entidades locales se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), así como en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA). Según el artículo 8 de la LBELA:«las Entidades Locales podrán adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos (...)»; y conforme al artículo 10.1 de esta misma Ley, «la adquisición de bienes a título oneroso se ...

Primero. El patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, de conformidad con los artículos 79 de la LBRL, 1 del RBEL y, ahora también, 3 de la LPAP. En consecuencia, forma parte de su patrimonio cualquier elemento con contenido patrimonial, con independencia de si constituye una propiedad plena o un Derecho Real limitado o se trata de un bien mueble o inmueble. En el artículo 79.2 de la LBRL se establece que los bienes de las Entidades Locales son de dominio público o patrimoniales. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los comunales (artículo 79.3 de la LBRL); y son bienes patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no estén destinados a...

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda y el Suelo (BOJA núm. 227, de 21 de noviembre de 2005). Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 79 a 83. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales. Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística...

Dice el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Esta manifestación de llevar a cabo de forma positiva el principio constitucional de igualdad, es igualmente recogido y matizado por el artículo 60 del EBEP que analizamos: Primero. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tender&aa...

La devolución de lo pagado indebidamente en el ICO es un tema complejo y que ha generado mucha polémica, no obstante, con este artículo intentamos ayudar a todos esos interesados que, en época de crisis, pretenden que le sean devueltos aquellos importes pagados indebidamente, evitando así los grandes abusos que venimos detectando en la Administración Local, que al estar en muchos casos en quiebra económica y suspensión de pagos, pretende aprovecharse, muchas veces, de estos "vacíos legales" para tapar agujeros en las cuentas públicas. En el ICIO solo se contempla la posible devolución en el momento en el que se finalizan las construcciones, instalaciones u obras (párrafo segu...

La actual redacción del artículo 35, del Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, está suponiendo un auténtico problema para numerosas familias, que ven como desaparece la bonificación que recibían por parte del Ministerio de Fomento, de una parte de la cuota mensual de la hipoteca. Se trata de una ayuda que se conoce como subsidiación, que se ha concedido con los sucesivos planes de vivienda protegida desde 1998 hasta 2012. El artículo 35 del citado Decreto-Ley, viene a decir que “a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de préstam...

Lo primero que debemos tener en cuenta es la diferencia entre una notificación y un certificado. También debemos preguntarnos si el interesado, sin una notificación, tiene suficiente información para recurrir. O si, por el contrario, una de las funciones fundamentales de la notificación es la inclusión del pie del recurso. En principio, para conocer el acuerdo municipal de concesión de licencia de obra y de actividad, y poder recurrirlo, es necesario que se haya efectuado la correspondiente notificación. Además, hay que tener en cuenta que la notificación condiciona la eficacia del acto. El acuerdo es perfectamente válido, pero si la notificación es defectuosa, no produce efectos. Así lo indica, por ejemplo, la sentencia del TSJ Comunidad Valenciana ...

Nota: Nota Explicativa de la Reforma Local Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas I.2.- El régimen jurídico de las competencias de las Diputaciones provinciales. La regulación de esta materia presenta una especial incidencia en las tareas que va a desempeñar la Diputación en el ámbito de los pequeños municipios, en la definición de sus competencias propias y en una relación de colaboración más intensa con la administración estatal y autonómica. 1ª.- El régimen de las competencias propias en el art. 36 LrBRL. Son competencias propias de las Diputaciones provinciales: - Las que les atribuyan en ese concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas. - Además, las enumeradas en el apartado ...

El artículo 9 de la LPH establece un sistema para determinar el domicilio en el que deben practicarse las citaciones y notificaciones de los asuntos de toda índole relacionadas con la comunidad. Se señala como prioritario el domicilio designado por el propietario en cumplimiento de la obligación que al respecto se le impone; en defecto del designado por el copropietario, se determina, imperativamente, como domicilio el piso o local perteneciente a la comunidad, precisando que la entrega al ocupante del mismo surtirá plenos efectos, de donde cabe deducir que no es necesario su entrega al propietario. Finalmente y para el supuesto de que no sea posible practicar el acto de comunicación en ninguno de los domicilios desi...

La Junta, como manifiesta el preámbulo de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal está compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año, y para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, salvo cuando la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando por el contrario, por la relativa importancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios no entorpezca el funcionamiento ...

IusLegis Abogados está especializado en distintas áreas dentro del ámbito del Derecho Administrativo. Para determinar que actuaciones de la vida se integran dentro de este Derecho lo mejor es comenzar con una definición de éste: «el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos». Por lo anteriormente mencionado podemos decir que las normas administrativas tienen como sujeto o destinatario a una Administración Pública de forma tal que no se entienden o no son tales sin esa presencia, lo que no supone que las administraciones públicas no puedan ut...

Responsabilidad patrimonial por pérdida de bienes y enseres de un alzamiento por desahucio.  Incumplimiento de la obligación de custodia asumida por la Corporación tras aceptar hacerse cargo de los bienes. El Ayuntamiento aceptó hacerse cargo de una serie de bienes de cuya procedencia y especial valor se le informó, con objeto de que los custodiara en un lugar adecuado a sus características, para su “depósito judicial”. De este modo y de una foma explicita  asumió dicha obligación de custodia y en su caso, devolución, obligación que debía cumplir independientemente de su vestimenta jurídica. La responsabilidad que declara la Sala de instancia, no es la ...

PLANTEAMIENTO: Partiendo de la premisa de que “…Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso….”, cuyos efectos hacen que lleve implícita: La necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. la autorización para el establecimiento o paso de la instalación ...

Al Derecho Administrativo, en lo que se considera su parte especial, le corresponde la responsabilidad de establecer y regular las relaciones sectoriales de las Administraciones públicas con los ciudadanos en todos los órdenes de la vida (seguridad ciudadana, sanidad, enseñanza, urbanismo, medio ambiente, transportes, comunicaciones, deportes, cultura, comercio, industria, turismo, sistema financiero, etc.), relaciones que suelen ser muy intensas, pues la Administración, para nuestra suerte o desgracia, está cada vez más presente en nuestra vida. Igualmente en esta parte especial se examinan también las relaciones de las Administraciones con sus funcionarios (empleo público o función pública), los bienes públicos (dominio público, aguas, puertos, aeropuerto...

El consejo de gobierno de la junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, destinado a conseguir dos objetivos principales: la creación de empleo por un lado y de otro el ahorro en gasto energético para miles de hogares y empresas andaluces. Para lograr dichos objetivos, el programa a se basa fundamentalmente en dos políticas de actuación;  La primera de ellas incentivando obras de rehabilitación, reforma, adaptación y renovación de instalaciones para el ahorro y la eficiencia energética. La segunda de ella basada en la reconversión de empresas y pymes hacia actividades de rehabilitación y construcción sostenible.  Obras de reforma Financiadas con 150 millones de euros para un plazo de 2...